lunes, 11 de marzo de 2024

¿Son elevados los impuestos en España?

 

Artículo de José Benítez Rochel publicado ayer, 10 de marzo de 2024, en Diario SUR.


Ayer era portada en SUR un excelente trabajo de Nuria Triguero (con infografía de Encarni Hinojosa) titulado: Un trabajador medio en Málaga dedica un tercio de su sueldo a pagar impuestos.

El trabajo viene acompañado de dos igualmente excelentes artículos: uno de José Benítez y otro de José Manuel Domínguez titulado La presión fiscal en España: cuestiones básicas.

El artículo de  José M. Domínguez está disponible en su blog personal Tiempo Vivo (aquí). Por su interés, ya que es muy didáctico, dejo aquí el texto del artículo de José Benítez (las negritas son mías):

 

¿Son elevados los impuestos en España? 

La respuesta es «depende»:  de con qué país nos comparemos, de cómo nos comparemos y de lo que recibimos a cambio

José Juan Benítez Rochel,  profesor titular de Economía Aplicada (Política Económica) en la Universidad de Málaga

Domingo, 10 de marzo 2024
 

Depende. En Economía, la respuesta correcta a casi todas las preguntas comienza con un «depende». Y más aún en aquellas que están relacionadas con los impuestos. De entrada, en este tema, como en otros muchos, cualquier análisis riguroso debería evitar caer en el sesgo de la confirmación, es decir, en buscar datos que apoyen opiniones preconcebidas o determinadas opciones políticas.

Supongamos, por ejemplo, que queremos justificar una subida de impuestos en España y para ello nos interesa demostrar que los impuestos son relativamente bajos y que, por tanto, existe un amplio margen para aumentarlos, tomando como referencia los países de nuestro entorno.

Podemos acudir, en primer término, a la presión fiscal, definida como el porcentaje que representan los impuestos sobre el producto interior bruto, esto es, sobre la riqueza que se crea en un año. En este caso, los últimos datos disponibles en Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea (UE), referidos a 2022, señalan que ese porcentaje era en España del 38%, inferior no sólo a países como Alemania (42%), Italia (43%), o Francia (48%), sino incluso a la media de la UE (41%). De hecho, España estaría entre los países de la UE con menor presión fiscal. Conclusión: los impuestos en España son bajos.

Supongamos, por el contrario, que nos interesa demostrar que en España los impuestos son demasiado elevados. Aquí, en vez de la presión fiscal, podemos tomar como indicador el sacrificio fiscal, definido como el porcentaje que representa la presión fiscal sobre la renta per cápita. La idea es que no es lo mismo pagar el 42% de impuestos cuando se tiene una renta per cápita de más de 43.000 euros como pasa en Alemania, que hacerlo cuando apenas se superan los 30.000 euros como ocurre en España. Pues bien, de acuerdo con dicho indicador, el sacrificio fiscal de España en 2022 (0,125%) fue superior a la media de la UE (0,116%) y al que existía en Alemania (0,098%). Conclusión: los impuestos en España son altos.

Además, podríamos cambiar el enfoque. Al fin y al cabo, tanto la presión fiscal como el sacrificio fiscal son medidas agregadas que poco nos dicen acerca de lo que nos ocurre a cada uno de nosotros. Cada cual podría hacer su propio balance fiscal y comprobar si paga más impuestos de lo que disfruta por los servicios públicos que recibe. Porque lo cierto es que cada vez que compramos algo o recibimos un salario por nuestro trabajo estamos pagando un impuesto, y no solamente cuando nos toca realizar la declaración de la renta. Por otro lado, cuando paseamos por un parque, nos desplazamos con nuestro automóvil por la autovía o realizamos una consulta a nuestro médico en el centro de salud, estamos recibiendo un servicio público. En este sentido, el debate sobre si se paga mucho o poco en impuestos está ligado, lógicamente, a cómo los gestores públicos gastan nuestro dinero.

Nada es gratis. Tampoco los servicios públicos que deben ser financiados. Tan evidente es esta realidad que el Estado utiliza el monopolio de la fuerza que tiene en las sociedades avanzadas para obligarnos a contribuir, mediante el pago de impuestos, a la provisión de los servicios públicos. El que no paga lo que le corresponde se expone al embargo de sus posesiones, al pago de una multa y, si la cantidad defraudada es muy elevada, puede acabar en la cárcel. 

Ahora bien, ¿quién debe financiar los servicios públicos? Aquí el economista, como científico social, puede encogerse de hombros y responder «no lo sé», aunque como ciudadano puede tener una opinión tan válida como cualquier otro. Por ejemplo, supongamos que hemos convenido que debe pagar más el que más tiene. No obstante, este principio debe concretarse en una cantidad: ¿cuánto más? Imaginemos el ciudadano A que percibe 100.000 euros al año y paga 10.000 en impuestos, es decir, un 10%, mientras que el ciudadano B percibe 30.000 y paga 6.000 en impuestos, es decir, el 20%. ¿Quién paga más? Uno paga más en términos absolutos y otro en términos relativos. Podemos complicar la discusión y preguntarnos por qué A gana más que B. ¿Y si A ingresa más que B porque trabaja más, tiene más talento, ha asumido más riesgos, o, simplemente, ha tenido suerte? ¿Estaríamos legitimados a hacerle pagar más por ello? ¿Y si B es la única fuente de ingreso de una familia numerosa que tiene a su cargo a un abuelo con un elevado grado de dependencia? ¿No se debería reducir su carga impositiva o, incluso, establecer alguna ayuda adicional?

En definitiva, no existe una respuesta absoluta a la pregunta que da título a este artículo, ni a nivel agregado ni a nivel individual. Es una cuestión que solo puede responderse en el ámbito normativo donde, a diferencia del positivo, es la ideología o la persuasión la que nos conduce a un lugar u otro.